La pasada semana la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, anunció que asumía la investigación de varios esos expedientes.
La Procuraduría General de la República, está en un proceso de cotejo de varios expedientes de presuntos actos de corrupción que tenía apoderado la fiscal del Distrito Nacional y que le fue quitado, alegando que los casos habían sido remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.
Así lo informó el procurador general adjunto Wilson Camacho, quien explicó al Listín Diario, que primero se está haciendo el cotejo de los expedientes para determinar lo recibido.
El magistrado Camacho dijo que además buscan determinar a qué altura de investigación está cada uno de los expedientes y la cantidad de pruebas recibidas.
Expresó que luego de todo ese cotejo de la información recibida, se tomarán las decisiones sobre el curso a seguir en cada expediente.
La pasada semana la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, anunció que asumía la investigación de varios expedientes, incluyendo la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) que dirigía Berlinesa Franco.
En este caso hay una denuncia de violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, en el sentido de que en el Inaipi favoreció a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitación valorada en 100 millones de pesos, para la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno con un precio estimado de RD$2,500.
Otros expedientes
Además, también están pendientes el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), que involucra a Manuel Rivas y Faustino Rosario, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
Otro de los casos se basa en una denuncia de Somos Pueblos contra José del Castillo, por la supuesta violación a la misma legislación.
Los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andrés Castillo Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara.
También, las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo de este año, así como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340.
Fuente : Listin Diario.
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